RECONSIDERAR LA TRANSICIÓN
Gonzalo Gamio Gehri [1]
¿Qué alcances tiene la crisis política que actualmente vivimos? Para muchos parlamentarios y líderes partidarios, esta crisis sólo se concentra en el entorno presidencial y en los cuestionamientos que pesan sobre él: para ellos, remontar la crisis es simplemente sinónimo de vacancia o renuncia. Incluso algunos congresistas indican que trabajarán intensivamente porque tal objetivo se cristalice cuanto antes. Otros, más lúcidos y sensatos, consideran que la actitud de sospecha y recelo de parte de los ciudadanos se extiende a la “clase política” en general, de modo que también la oposición es objeto de desconfianza y rechazo. Un tercer grupo interpreta el sentimiento reactivo frente a la política desde una supuesta nostalgia respecto del autoritarismo corrupto de la década pasada. Pocos han enfocado esta coyuntura a partir de un horizonte mayor, la frustración ciudadana frente a una transición claramente interrumpida por una evidente falta de voluntad política presente tanto en el gobierno como en la oposición.
Aparentemente, el gobierno del presidente Toledo no ha logrado comprender lo que significa afrontar cabalmente una transición democrática. Hay que señalar que estos males se extienden asimismo a los demás poderes del Estado (y también al “cuarto poder”). Se ha desaprovechado el enorme entusiasmo y la fuerza moral y cívica generados por las movilizaciones contra la dictadura. En materia de la lucha contra la corrupción, el desempeño del actual gobierno constituye un franco retroceso respecto de la gestión del Dr. Paniagua. No se le ha brindado a los procuradores las garantías necesarias para el cumplimiento cabal de su trabajo, se ha abandonado la tarea de examinar los vladivídeos cuyo contenido aun no han sido hecho público, no se ha promovido una auténtica reforma judicial, etc. Por otro lado, los políticos oficialistas no han podido combatir y prevenir los casos de corrupción que involucran a miembros de su partido o al entorno presidencial, condición esencial para cualquier política anticorrupción eficaz y vigorosa. Como resultado de esta situación, vemos con estupor cómo diversos personajes vinculados a la mafia terminan sacudiéndose con absoluta comodidad de las acusaciones que pesan sobre ellos, y cómo la campaña fujimontesinista orientada a imponer la tesis falaz “todos los políticos son igualmente corruptos” comienza a persuadir a parte de la población.
Pero el panorama - visto desde la oposición (en sus diferentes versiones partidarias) – no da muestras de ser sustancialmente diferente. Pareciera que, a juicio de nuestros políticos, el cálculo estratégico - electoral está por encima de los principios democráticos. Hemos visto a los más importantes representantes de una alianza electoral departiendo alegremente en la boda de Keiko Fujimori, abogando en favor de un “fujimorismo sano”, como si el haber avalado (aun tácitamente) un autogolpe de Estado, la formación de comandos de exterminio o las presiones sobre los medios de comunicación constituyesen signos de salud y lozanía políticas. Ni siquiera el autoproclamado líder de un futuro “frente social” ha resistido la tentación de elogiar el lado “correcto” y “eficiente” del régimen dictatorial que padecimos en los años noventa. Opositores de todas las tendencias ideológicas buscan gozar del respaldo electoral de quienes siguen apoyando la causa del prófugo ex dictador. Al menos a primera vista, nuestra oposición política parece apostar por “voltear la página” en materia anticorrupción.
Lo cierto es que estamos perdiendo la oportunidad de desarrollar una auténtica transición democrática, reconstruir las instituciones, refundar nuestro pacto social, cicatrizar nuestras heridas a través de la verdad, la justicia y la inclusión de todos los peruanos. El sistema anticorrupción se tambalea – no olvidemos que los juicios más importantes a Montesinos y sus cómplices estaban programados para este año – y las conclusiones de la CVR son desatendidas por nuestras autoridades y congresistas. El gobierno y la oposición (con contadas excepciones) forman parte de esta danza de apatía e indiferencia frente al proyecto de construcción de una auténtica agenda pública que promueva la democratización e institucionalización del país. Acaso la esperanzas de que esta agenda pueda elaborarse puedan apuntar a nuestra emergente sociedad civil, esto es, a nuestros ciudadanos de a pie, especialmente los jóvenes. El rechazo de la “clase política” podría bien apuntar al fortalecimiento del compromiso con la ciudadanía activa. Ojalá esto sea así; en todo caso, creo que debemos luchar por afirmar esa ética cívica. De lo contrario, el único beneficiado con esta crisis sería, trágicamente, la oscura propuesta autoritaria.
[1] Profesor de humanidades de la PUCP.
Gonzalo Gamio Gehri [1]
¿Qué alcances tiene la crisis política que actualmente vivimos? Para muchos parlamentarios y líderes partidarios, esta crisis sólo se concentra en el entorno presidencial y en los cuestionamientos que pesan sobre él: para ellos, remontar la crisis es simplemente sinónimo de vacancia o renuncia. Incluso algunos congresistas indican que trabajarán intensivamente porque tal objetivo se cristalice cuanto antes. Otros, más lúcidos y sensatos, consideran que la actitud de sospecha y recelo de parte de los ciudadanos se extiende a la “clase política” en general, de modo que también la oposición es objeto de desconfianza y rechazo. Un tercer grupo interpreta el sentimiento reactivo frente a la política desde una supuesta nostalgia respecto del autoritarismo corrupto de la década pasada. Pocos han enfocado esta coyuntura a partir de un horizonte mayor, la frustración ciudadana frente a una transición claramente interrumpida por una evidente falta de voluntad política presente tanto en el gobierno como en la oposición.
Aparentemente, el gobierno del presidente Toledo no ha logrado comprender lo que significa afrontar cabalmente una transición democrática. Hay que señalar que estos males se extienden asimismo a los demás poderes del Estado (y también al “cuarto poder”). Se ha desaprovechado el enorme entusiasmo y la fuerza moral y cívica generados por las movilizaciones contra la dictadura. En materia de la lucha contra la corrupción, el desempeño del actual gobierno constituye un franco retroceso respecto de la gestión del Dr. Paniagua. No se le ha brindado a los procuradores las garantías necesarias para el cumplimiento cabal de su trabajo, se ha abandonado la tarea de examinar los vladivídeos cuyo contenido aun no han sido hecho público, no se ha promovido una auténtica reforma judicial, etc. Por otro lado, los políticos oficialistas no han podido combatir y prevenir los casos de corrupción que involucran a miembros de su partido o al entorno presidencial, condición esencial para cualquier política anticorrupción eficaz y vigorosa. Como resultado de esta situación, vemos con estupor cómo diversos personajes vinculados a la mafia terminan sacudiéndose con absoluta comodidad de las acusaciones que pesan sobre ellos, y cómo la campaña fujimontesinista orientada a imponer la tesis falaz “todos los políticos son igualmente corruptos” comienza a persuadir a parte de la población.
Pero el panorama - visto desde la oposición (en sus diferentes versiones partidarias) – no da muestras de ser sustancialmente diferente. Pareciera que, a juicio de nuestros políticos, el cálculo estratégico - electoral está por encima de los principios democráticos. Hemos visto a los más importantes representantes de una alianza electoral departiendo alegremente en la boda de Keiko Fujimori, abogando en favor de un “fujimorismo sano”, como si el haber avalado (aun tácitamente) un autogolpe de Estado, la formación de comandos de exterminio o las presiones sobre los medios de comunicación constituyesen signos de salud y lozanía políticas. Ni siquiera el autoproclamado líder de un futuro “frente social” ha resistido la tentación de elogiar el lado “correcto” y “eficiente” del régimen dictatorial que padecimos en los años noventa. Opositores de todas las tendencias ideológicas buscan gozar del respaldo electoral de quienes siguen apoyando la causa del prófugo ex dictador. Al menos a primera vista, nuestra oposición política parece apostar por “voltear la página” en materia anticorrupción.
Lo cierto es que estamos perdiendo la oportunidad de desarrollar una auténtica transición democrática, reconstruir las instituciones, refundar nuestro pacto social, cicatrizar nuestras heridas a través de la verdad, la justicia y la inclusión de todos los peruanos. El sistema anticorrupción se tambalea – no olvidemos que los juicios más importantes a Montesinos y sus cómplices estaban programados para este año – y las conclusiones de la CVR son desatendidas por nuestras autoridades y congresistas. El gobierno y la oposición (con contadas excepciones) forman parte de esta danza de apatía e indiferencia frente al proyecto de construcción de una auténtica agenda pública que promueva la democratización e institucionalización del país. Acaso la esperanzas de que esta agenda pueda elaborarse puedan apuntar a nuestra emergente sociedad civil, esto es, a nuestros ciudadanos de a pie, especialmente los jóvenes. El rechazo de la “clase política” podría bien apuntar al fortalecimiento del compromiso con la ciudadanía activa. Ojalá esto sea así; en todo caso, creo que debemos luchar por afirmar esa ética cívica. De lo contrario, el único beneficiado con esta crisis sería, trágicamente, la oscura propuesta autoritaria.
[1] Profesor de humanidades de la PUCP.
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